AI, contra los videojuegos violentos
Amnistía Internacional ha denunciado la falta de implicación del Estado español en la protección de los derechos de la infancia ante el mercado de videojuegos con contenidos no recomendados para menores y especialmente en aquellos clasificados para mayores de 18 años que desarrollan temáticas que banalizan las violaciones de derechos humanos. Para la organización, el Gobierno español incumple sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia al permitir esta situación.
Esta es la principal conclusión del informe que ha presentado Amnistía Internacional, «España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego». Según el mismo, la protección de los derechos de la infancia está en manos de la voluntariedad de las empresas que comercializan los videojuegos.
Los canales de acceso y los puntos de venta en el Estado español no disponen de medidas para controlar el acceso de los menores a los videojuegos. Su venta se reduce a una recomendación por parte de las empresas productoras que asumen el deber de proteger al menor de forma «voluntaria» con un código de autorregulación. No hay ninguna ley que regule los puntos de venta de videojuegos, «a diferencia de otros estados como Alemania» asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La organización ha estudiado las medidas existentes en España para controlar el acceso de los menores a los videojuegos, cuyo contenido pueda ser perjudicial para su desarrollo, y destaca que ni la legislación autonómica en materia de protección del menor, ni el código de autorregulación de la propia industria -a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos) -, «garantizan el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores adquirida por el Estado español con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales».
Amnistía Internacional ha hecho hincapié en el deber que tiene el Estado español de proteger los derechos de la infancia, así como de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, estableciendo las medidas oportunas para eliminar cualquier forma de discriminación, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos. «No puede eludir ese deber en los videojuegos y menos dejarlo en manos de la voluntariedad de las empresas» afirmó Esteban Beltrán.
La principal recomendación de este informe es la creación de un marco legislativo estatal para la regulación de todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos, entendiéndolos como un producto más en el mercado que requiere de toda la información y medidas necesarias para un consumo responsable y protector de los derechos de la infancia. 
