Amnistía acusa a Ferrovial de ser cómplice de abusos en un campo de refugiados
La ONG Amnistía Internacional ha lanzado una campaña denunciando a la empresa australiana Broadspectrum, perteneciente al grupo Ferrovial, por lucrarse a través de los servicios que prestan a los solicitantes de asilo y refugiados de la isla de Nauro y Manus.
La ONG manifiesta que «Broadspectrum y Ferrovial incumplen su responsabilidad de respetar los derechos humanos en Nauru, lo que incluye no tomar las medidas adecuadas para identificar y abordar su impacto sobre estos derechos con arreglo a las normas internacionales. En concreto, Amnistía Internacional ha concluido que Ferrovial no ejerció la debida diligencia en materia de derechos humanos antes de adquirir Broadspectrum, a pesar de conocer los graves abusos en Nauru». Por esta razón han iniciado una campaña para poner fin a los abusos Ferrovial en dicha isla y en la de Manus, donde Broadspectrum gestiona otro Centro de Tramitación de Refugiados (RPC).
Amnistía Internacional defiende que en el año 2016 la actividad de Broadspectrum en estas dos islas aportó a Ferrovial un total de 1.646 millones de dólares australianos (unos 1.168 millones de euros), un «asombroso 45% del total de los ingresos de explotación de la empresa». Por otro lado, Ferrovial ha embolsado en sus ingresos procedentes de su empresa australiana un total de 1.400 millones de euros hace menos de un año.
La investigadora de la ONG, Lucy Graham informa que «el Gobierno australiano ha creado una isla de desesperación para refugiados y personas buscando asilo en Nauru, pero una isla de beneficio para compañías que hacen millones de dólares con un sistema tan inherente e intencionadamente cruel y abusivo que supone tortura».
Además, la ONG defiende que las personas refugiadas y solicitantes de asilo del RPC de Nauru han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal. De hecho, el informe incluye el demoledor caso de “Yasmin”, de Irán. Su esposo, “Amir”, contó a Amnistía Internacional en julio de 2016 que la salud mental de Yasmin empezó a deteriorarse durante el tiempo que estuvo en el RPC de Nauru, hasta el punto de que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Lo peor es que la gran empresa Broadspectrum conoce las situaciones y las condiciones que viven las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru. Al igual que sabe que su personal es responsable de los abusos y el abandono. Sin embargo antes esta realidad se mantiene de brazos cruzados junto a Ferrovial.
La respuesta de Broadspectrum ante el informe elaborado por Amnistía Internacional es que la empresa “no gestiona el Centro de Tramitación de Refugiados”, afirmación que también repitió Ferrovial. A su vez, el gobierno australiano dice que el Centro está gestionado por el gobierno de Nauru, que por su parte ha insinuado que no es responsabilidad suya.
Sin embargo, las autoridades australianas han reconocido que este tipo de instalaciones tiene como objetivo desincentivar a los inmigrantes que cruzan en barco las costas australianas desde países como Irak, Sri Lanka, Pakistán o Birmania (Myanmar).
Amnistía Internacional pide al gobierno australiano que «clausure el sistema de tramitación extraterritorial, traslade de inmediato a Australia a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru y la isla de Manus, y garantice que todas aquellas a las que se concede el estatuto de refugiado tienen derecho a establecerse en Australia».
Para consultar el informe puede hacerlo pinchando aquí. En el anexo al informe se incluye también respuesta íntegra de Broadspectrum y Ferrovial a nuestras conclusiones.
