El plan de retorno voluntario es avalado por el Congreso
MADRID / EP.-
El Pleno del Congreso de los Diputados avaló hoy, con el apoyo de CiU y PNV y la abstención del PP, el plan de retorno voluntario destinado a trabajadores extracomunitarios que quieran cobrar el paro para regresar a sus países de origen. La Cámara rechazó la pretensión de los ‘populares’ de tramitar este decreto-ley como proyecto de ley para poder introducir modificaciones.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presentó esta mañana en la Cámara Baja esta iniciativa que beneficiará a los inmigrantes extracomunitarios que residan legalmente en España y cuyos países tengan firmado con el ministerio un convenio bilateral en materia de seguridad social. Su departamento, agregó, está estudiando extender estos convenios a otros países emisores de inmigrantes, ya que, por ejemplo los rumanos, la comunidad extranjera más numerosa en España con 728.967 ciudadanos, no podrán acogerse a esta medida por ser ciudadanos comunitarios.
Las condiciones para acogerse a este plan, dijo, son que los inmigrantes se vayan a sus naciones en menos de 30 días y que no regresen a España en un plazo de tres años. Los extranjeros también deberán renunciar a sus permisos de residencia y trabajo y comprometerse a no volver en un periodo de tres años. La prestación se abonará en dos pagos: el 40 por ciento se pagará en España y el 60 por ciento cuando estén en sus países de origen.
El ministro apuntó que la iniciativa, «que fomenta la inmigración circular«, contempla «ayudas económicas complementarias» para facilitar el viaje de regreso de los beneficiarios a sus naciones. Corbacho aseguró que esta medida ha sido creada con «vocación de permanencia» y, aunque admitió que «no va resolver todas las necesidades (económicas) de los inmigrantes«, precisó que «es un buen punto de partido».
Además, justificó que el plan se haya tramitado como decreto-ley «por la urgente necesidad» de ponerlo en marcha ante «un contexto de crisis» económica y ante «la situación en la que se encuentran los inmigrantes desempleados, cuya tasa de paro es superior al 16 por ciento».
Por el contrario, el diputado Gaspar Llamazares, en nombre de ERC-IU-ICV, mostró su desacuerdo con la norma y puso en duda su «eficacia». «Señor Corbacho, primero dijo que un millón de inmigrantes se acogerían a este plan, luego que 87.000 y luego que 10.000, cifra apenas el 0,5 de los extracomunitarios residentes en España. Pues bien, el plan va a tener mucho menos éxito del que el Gobierno anunció. Volverán a sus países sólo unos pocos miles al año», opinó.
Asimismo, destacó que esta iniciativa «ha fracaso en Europa», por lo que conminó al Gobierno a «recalificar la mano de obra de los empleados» en vez de devolverlos a sus países. Llamazares enfatizó que «el Plan Corbacho, además de ser un giro a la derecha, estigmatiza a los inmigrantes y los señala como chivo expiatorio de la crisis». «El plan no es útil y transmite un mensaje populista», zanjó.
PP: «NO VA A SOLUCIONAR GRAN COSA»
En representación del PP, Rafael Hernando, que se abstuvo en la votación, destacó que la situación del paro en España es «dramática» y aseguró que esta propuesta de Corbacho «no va a solucionar gran cosa si siguen entrando tantos inmigrantes irregulares en España».
El diputado ‘popular’ espetó al ministro que «no se ponga de perfil y eche la culpa a los demás» por la situación económica que sufre España y le animó a impulsar la contratación en origen y a frenar la llegada ilegal de inmigrantes para que este país «deje de ser el coladero de Europa».
El diputado de CiU Carles Campuzano respaldó este plan «sin ningún tipo de complejos» y añadió que «cualquier medida que ayude aliviar la situación de las personas en desempleo siempre va a contar con el apoyo de CiU». «La medida es realista. Y los problemas de integración y la falta de empleo de los inmigrantes van a exigir decisiones aún más duras», avisó.
En representación del PNV, Emilio Olabarría, que votó a favor «sin mucho entusiasmo», dijo que esta norma «proteccionista» sorprende en un Gobierno «progresista», mientras que Ana Oramas (Coalición Canaria) coincidió con Corbacho en la necesidad de aplicarla de manera «urgente».
A su vez, Olaia Fernández (BNG) consideró que la norma «es un instrumento útil para los que deseen vivir en el país que han nacido», aunque advirtió de que con esta medida se puede dar a entender que «en tiempos de crisis los inmigrantes sobran».
Los sindicatos y las ONG consideran insuficiente el proyecto de retorno que va a poner en marcha el Gobierno, si éste no va acompañado de un programa asistido para que los inmigrantes puedan invertir ese dinero. Además, consideran excesivo que se les exija no poder regresar en tres años, cuando simplemente se les está permitiendo acumular el dinero que les corresponde.
