El Plan Nacional de DD.HH. abordará el tráfico y la explotación de personas

EP/Ginebra
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este lunes que el futuro Plan Nacional de Derechos Humanos abordará el tráfico y la explotación sexual de seres humanos, así como facetas de derechos sociales como los de educación, medio ambiente, salud o seguridad, en particular en el terreno laboral.

De la Vega participó en Ginebra (Suiza) en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano recién creado para sustituir a la Comisión del mismo nombre que era responsable de estos temas en la ONU.

De la Vega reiteró la confianza de España en el Consejo ya que, en su opinión, aportará un «valor añadido», será una institución «capaz» y sabrá desarrollar sus funciones, «tanto las preventivas, las de alerta temprana, como las correctoras y reparadoras, cuando las circunstancias hagan necesaria su intervención inmediata».

«Con el compromiso de todos -Estados miembros, observadores, organizaciones internacionales y sociedad civil- podremos lograr que el Consejo de Derechos Humanos sea ese foro universal de los derechos humanos capaz de cumplir con las expectativas que depositamos en él», indicó en su intervención.

De la Vega se refirió a la promoción de España en el área de los Derechos Humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional. «En cuanto a la dimensión nacional, mi país ha avanzado decididamente, en la lucha contra la violencia de género, la discriminación racial y el maltrato a menores. También hemos adoptado medidas para facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para equiparar en derechos y obligaciones a todas las uniones matrimoniales, al margen de su orientación sexual», enumeró.

En este sentido, subrayó que el objetivo del Ejecutivo en la actual legislatura es la puesta en práctica de un Plan Nacional de Derechos Humanos, en línea con lo dispuesto en la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de Viena de 1993.

«España, es un país que ya cuenta con un sistema normativo y de garantías jurisdiccionales que protegen de manera efectiva el amplísimo catálogo de derechos y libertades -políticos y sociales- que forman parte de su ordenamiento. Pero un Plan Nacional de Derechos Humanos puede desempeñar nuevas e interesantes funciones», opinó.

A su juicio, este Plan permitirá, por un lado, ampliar el campo de protección tradicional y, por otro, abordar en él las «nuevas formas de opresión» como el tráfico y la explotación sexual de seres humanos, así como «incorporar facetas de derechos sociales como los de educación, el medio ambiente, la salud o la seguridad, singularmente en el terreno laboral».

Asimismo, explicó el objetivo del Gobierno de abrir la acción a nuevos ámbitos de Derechos Humanos como los de garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, la integración como orientación esencial de la política de inmigración, la garantía de la autonomía en situaciones de dependencia personal, la protección frente a la discapacidad o frente a determinadas consecuencias derivadas de las nuevas tecnologías.

En la perspectiva internacional, De la Vega hizo hincapié en que España «ya se ha obligado» a mantener los más altos estándares en materia de Derechos Humanos. Así, el pasado 4 de abril se ratificó el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes, que entrará en vigor esta semana, y el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en defensa de los pueblos indígenas y tribales.

«Una de las líneas de la acción de la política exterior de mi gobierno ha consistido en la promoción de los derechos humanos ligados a nuestra política de cooperación, por eso lo hemos incluido tanto en nuestro Plan director de Cooperación al desarrollo, como en los planes de cooperación que hemos puesto en marcha para los continentes de Asía y África», indicó la vicepresidenta.

De la Vega aprovechó la ocasión para reiterar que el Gobierno español respalda «plenamente» a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos como segundo pilar del sistema de protección de los DD.HH.

Como prueba de este compromiso de «apoyo sostenido», España ha pasado en dos años de ocupar el decimoctavo puesto en el ranking de donantes a la Oficina de la Alta Comisionada, a ser el tercero con una contribución de más de 5,5 millones de dólares.

«Se trata, sin duda, de una prueba palpable de nuestro empeño por convertirnos en uno de los principales apoyos, políticos y financieros, a la excelente labor que viene desarrollando la Alta Comisionada», señaló al respecto.

Igualmente, insistió en que la defensa de los Derechos Humanos constituye un eje prioritario de la acción exterior. «Por eso y porque creemos que podemos resultar de utilidad, España ha presentado su candidatura para ser miembro del Consejo», dijo refiriéndose a la opción de ocupar una de las 47 plazas en el período 2008-2010.

De la Vega dejó claro que el Consejo debe producir resultados «concretos y tangibles» en el futuro. «No puede limitarse a ser un nuevo foro de discusión virtual: debemos contribuir a hacer de él un mecanismo realmente eficaz. Conseguirlo va a exigir de todos generosidad, diálogo, confianza y capacidad de decisión», concluyó. El plenario ha estado presidido en esta primera jornada por el secretario general de la ONU, Kofi Annan; el presidente de la Asamblea General, Jan Eliasson; la Alta Comisionada para los DD.HH, Louise Arbour; y el nuevo presidente del Consejo de DD.HH, Luis Alfonso de Alba.

Junto a De la Vega, intervinieron ante el plenario representantes de Suiza, Guatemala, Colombia, Austria, Nepal, Países Bajos, Canadá, Argentina, Chile y Finlandia.