Greenpeace denuncia el modelo territorial de la costa canaria

EP/Madrid
Greenpeace presentó el pasado 4 de julio el informe ‘Destrucción a toda costa 2006’ en el que analiza el estado del litoral. El informe repasa «las principales amenazas, destacando la saturación urbanística, el aumento del número de campos de golf, los numerosos casos de corrupción asociados al urbanismo, el incremento de nuevos puertos deportivos y los graves problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales».

Los datos analizados del último año reflejan «una falta de acción política para proteger de forma efectiva el litoral a pesar del amplio consenso entre la ciudadanía sobre el alto grado de degradación de nuestro entorno costero».

En el informe Greenpeace analiza los mayores problemas del litoral en Canarias, destacando que «la superficie urbanizada en las Islas Canarias creció un 54% entre 1997 y 2002. La presión urbanística se extiende a todas las islas, pero se centra especialmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada creció un 159% en los últimos 17 años, Lanzarote, donde ha crecido un 60% y Tenerife, con un aumento del 51%», al tiempo que «varios municipios tienen sus Planes Generales de Ordenación Urbana en situación de ilegalidad».

Para la organización ecologista, «el Archipiélago canario se enfrenta a una herencia de ilegalidades urbanísticas y saturación en muchos puntos de su litoral sin que las administraciones acaben con esta situación que está teniendo repercusiones tan negativas sobre la industria turística, el patrimonio social y ambiental y la calidad de vida de sus habitantes».

Advierte que «la fiebre de construcción de nuevos campos de golf se expande por todas las islas. El caso más grave es el de Gran Canaria, cuyo Cabildo Insular ha presentado un Plan Territorial Especial para Campos de Golf que prevé la posibilidad de construir 18 nuevas instalaciones. Al igual que en el resto del litoral español, los campos de golf sirven de herramienta a la especulación urbanística, tal y como reconoce el plan de ordenación turística de Fuerteventura».

Greenpeca recuerda también que «los casos de corrupción urbanística o sentencias contrarias a la urbanización se repiten en el litoral. Las instituciones de justicia investigan en la actualidad un centenar de casos que involucran a alcaldes y concejales de todos los colores políticos. La Comunidad Valenciana tiene 30 causas abiertas, Andalucía tiene con 21 causas, y Asturias 17. La justicia canaria también tiene abiertas varias investigaciones, como la que se lleva a cabo en Telde (Gran Canaria) sobre la concejala de Urbanismo y Contrataciones Públicas y otros cinco funcionarios son investigados por delitos de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias». La organización ecologista apunta por último que «la contaminación sigue siendo un capítulo negro en la historia del litoral canario. Poco ha mejorado con el paso de los años. El reciente informe de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial de Canarias sobre vertidos pone de manifiesto una dramática situación: el 80% de los sistemas de evacuación al mar existentes en las Islas Canarias son irregulares. El informe detecta más de 300 vertidos de los que sólo el 20% están autorizados».