La ONU endurece su lucha contra el tráfico de personas
El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio María Costa, afirmó recientemente que la campaña lanzada a principios del mes de abril en Londres contra el tráfico de personas está destinada a crear un marco común «en el que cada iniciativa será más relevante y en consecuencia, tendrá mayor impacto».
La presentación de esta iniciativa coincidió con el segundo centenario de la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico, motivo por el cual, está prevista la realización de una serie de encuentros que culminarán con la Conferencia Internacional contra el Tráfico Humano en Viena, entre los próximos 27 y 29 de noviembre.
Por otra parte, a lo largo de este año, se llevará a cabo una campaña de información mundial y se creará un fondo para financiar actividades relacionadas con este tema a partir de 2008.
Según Costa, «todavía estamos en una fase preparatoria». «Tenemos que atraer a nuestra causa a todas las personas que luchan por la libertad», insistió.
Para la UNODC el problema del tráfico de personas ha alcanzado proporciones «endémicas» durante los últimos diez años especialmente entre mujeres y adolescentes, las víctimas potenciales de este delito que, a menudo, son forzados a ejercer la prostitución.
Según algunos estudios, cerca de 2,5 millones de personas en todo el mundo están bajo las redes de traficantes, aunque la UNODC cree que las cifras reales son desconocidas ya que «muchas víctimas no son identificadas».
El tráfico humano se ha convertido en los últimos años en un gran negocio que, según la ONU, puede alcanzar la cifra de 32.000 millones de dólares al año –casi 24.000 millones de euros–. De esta cantidad, 10.000 millones de dólares –más de 7.000 millones de euros– corresponden a la venta de personas, y el resto es el resultado del trabajo o de los productos realizados por las víctimas para sus explotadores.
La UNODC recuerda que el Protocolo de la ONU contra el Tráfico de Personas, en vigencia desde 2003, fue firmado y ratificado por más de 110 países; sin embargo, muchos gobiernos aún no lo ponen efectivamente en práctica. Pocos delincuentes son condenados y la mayoría de las víctimas nunca reciben ayuda. Muchas, inclusive, son castigadas por delitos como la entrada ilegal en el país hacia donde fueron traficadas.
