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La política española no presta atención a la pobreza infantil

16 de septiembre de 2015 | Todas

EP/Madrid


El problema de la pobreza infantil pasa desapercibido para la política española y, muchas veces también, para la sociedad. A esta conclusión han llegado diversos expertos reunidos en torno a la Jornada sobre Pobreza y Exclusión Social de la Infancia, donde han analizado el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.


En este encuentro, organizado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, de la Universidad Pontificia Comillas, y la Plataforma de Infancia, la profesora de la Facultad de Derecho (ICADE) Clara Martínez García, aseguró que dicho plan «se limita a una exposición generalista» cuyas menciones a la infancia son «escasas y puntuales«.


Así, la responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Graciela Malgesini, señaló que «hay diversidad de políticas para la infancia, pero están dispersas y son poco efectivas» y puso de manifiesto que, entre las organizaciones que trabajan directamente por la inclusión social, «no hay ninguna que se dedique en exclusiva a los menores«.


Desde una perspectiva institucional, el asesor del gabinete de la secretaría de Estado para la UE, Álvaro Renedo Zalba, apuntó que las líneas generales de la Presidencia Española del Consejo de la UE y la propia estrategia Europa 2020 prevén la «necesaria protección de los sectores más desfavorecidos y vulnerables», pero reconoció que la denominada ‘Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia’, propuesta en 2006, está «paralizada».


Por su parte, la directora del CIIMU-Instituto de Infancia y Mundo Urbano, Carmé Gómez Granell, indicó que «el modelo de bienestar español adolece de déficits importantes en la protección de los menores, lo que explica la persistencia de niveles elevados de pobreza». De sus investigaciones recientes destacó que las tasas de pobreza alta y severa son «significativamente mayores» en las primeras etapas de la vida y que el riesgo de exclusión económica es «especialmente elevando en parejas jóvenes con tres o más hijos pequeños y en familias monoparentales».


Asimismo, la profesora de Economía de la Universidad de Vigo Olga Cantó Sanchez, llamó la atención sobre el «estancamiento» del gasto social en menores que se produjo en España durante la década de los 90 y mostró como, «pese al crecimiento que tuvo desde comienzos del siglo XXI, hoy se mantiene por debajo de la media de la UE».


En esa misma línea coincidieron el secretario técnico de la Fundación Foessa, Francisco Lorenzo J. Gilsanz, y la responsable de Programas de la Plataforma de Infancia, Conchi Ballesteros Vicente, para quienes, «a pesar del progreso económico vivido en España hasta 2007, la tasa de pobreza infantil fue de las más elevadas de la UE, hasta el punto de que alcanzaba a uno de cada cuatro niños».