La tortura y malos tratos pende sobre más de 100 Estados

EP/Madrid

Las prácticas de malos tratos y torturas persisten en más de cien países del mundo, según denunció Amnistía Internacional, que ha documentado casos de agravios por parte de la autoridad en un centenar de Estados en los que «se justifican, en nombre de la seguridad, prácticas que vulneran gravemente los derechos humanos«.

Con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este martes 26 de junio, la organización se manifiesta en treinta localidades españolas donde los activistas de la organización pondrán en marcha recitales poéticos, actos de denuncia, teatro de calle, concentraciones, actos de recogida de firmas, obras de teatro y espectáculos musicales.

Tal y cómo recogió el Informe Anual 2007 de Amnistía Internacional, durante el pasado año se registraron casos «de tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, la policía y otras autoridades del Estado» en al menos 102 países, algo que la organización considera «preocupante» y más teniendo en cuenta que «el Derecho Internacional prohíbe absolutamente» este tipo de prácticas.

Según declaró el director de la organización humanitaria en España, Esteban Beltrán, «la tendencia en el contexto de la ‘guerra contra el terror’ a legitimar e incluso legalizar el uso de la tortura no hace sino acentuar esta preocupación», porque «hoy en día no todos los países toman medidas para erradicar todas las formas de tortura patrocinadas por el Estado, y algunos de ellos, incluso la están fomentando».

La organización, que ha denunciado prácticas en este sentido en Argelia, Egipto, Marruecos, Irak, México, Rusia, China, Brasil, Zimbabwe y Afganistán, entre otros países, pone el acento en Norteamérica y recuerda que «en el último año salieron a la luz más indicios de abusos sistemáticos perpetrados por Estados Unidos y sus aliados en el contexto de la ‘guerra contra el terror'».

Así, explicó Amnistía Internacional en un comunicado, se produjeron «reclusiones secretas, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» promovidos por la Administración que preside George W. Bush, parte de los cuales tuvieron lugar en Guantánamo, según la organización.

«Una de las novedades más peligrosas ha sido que Estados Unidos ha desafiado abiertamente la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, lo que ha fomentado que otros gobiernos hicieran lo mismo», denuncia Amnistía Internacional.

El paradigma de Guantánamo

«Guantánamo, los centros de detención secreta y la externalización de la tortura mediante entregas ‘extraordinarias’, en numerosas ocasiones con la complicidad de gobiernos europeos, se han convertido en símbolos ostensibles del abuso de poder por parte de Estados Unidos y en una motivación para que otros gobiernos rechacen el Estado de derecho y para que los grupos armados no lo respeten», explicó la ONG.

Ante la cancelación del encuentro de la Administración norteamericana sobre el futuro del centro de detención de Guantánamo, la organización ha exigido al Ejecutivo norteamericano que fije cuanto antes una nueva fecha, porque hace ya más de un año desde que Bush anunciara su intención de cerrar la prisión.

Para la ONG, hacerlo es «en principio, sencillo: los detenidos deben ser acusados de un delito reconocible según el derecho internacional y llevados a juicio ante tribunales ordinarios, o bien puestos en libertad con garantías de protección ante otros abusos», pero debe ser cuanto antes porque los allí internados «llevan años detenidos sin juicio y han sido sometidos a técnicas de interrogatorio que equivalen a tortura o malos tratos«.

Esta es una de las principales reclamaciones que han protagonizado las movilizaciones que la organización ha convocado para este martes en treinta localidades españolas, en las que se pide a los gobiernos «que condenen sin reservas los casos de tortura siempre que se produzcan» y «garanticen que se investigarán sin demora y de forma imparcial todas las denuncias» al respecto.

Asimismo, Amnistía Internacional reclama un compromiso a los Estados para poner a disposición judicial a los torturadores y garantizar «una reparación a las víctimas de la tortura y las personas a su cargo», y pide la ratificación general de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.