Las ong denuncian la situación de los menores extranjeros no acompañados

EP/Madrid
Más de sesenta entidades sociales, culturales y religiosas vinculadas con el trabajo educativo y social con personas extranjeras, especialmente con los niños, denunciaron este jueves «las graves violaciones a los derechos humanos y su rechazo por la angustiosa situación de los menores extranjeros no acompañados que viven en Madrid bajo la protección del Estado».

Estas entidades, entre las que se encuentran la Plataforma de Organizaciones de Infancia, CEAR, el Movimiento por la Paz (MPDL), Mensajeros de la Paz o Save The Children, advirtieron en rueda de prensa la situación de desprotección por parte de la Delegación del Gobierno autonómico y el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), en la que actualmente se encuentran los menores extranjeros no acompañados, y anunciaron que realizarán acciones de protesta contra esta situación.

En un manifiesto, estas asociaciones denuncian el «abuso a los derechos humanos de los menores extranjeros no acompañados», que concretan en la no regularización de su situación ya que, «desde el 1 de julio de 2005 no se ha resuelto el proceso de regularización de ningún menor extranjero no acompañado, vulnerando la Legislación de Extranjería», y en las «reagrupaciones sin garantías» pues desde mediados del pasado año «se están expulsando a niños y a jóvenes bajo la apariencia del «reagrupamiento familiar», sin respetar las garantías previstas en la legislación internacional y estatal».

En este sentido, denuncian que en estos procedimientos no se ha tomado en consideración la opinión del menor; no se le ha notificado previamente la resolución de reagrupación; no se ha garantizado el análisis individualizado de cada caso; no se les reconoce el derecho a la asistencia letrada independiente en el proceso de reagrupación; no se cuenta con informes emitidos por las autoridades de los países de origen sobre la situación familiar; no se ha garantizado el retorno a su entorno familiar o al sistema de protección de sus países de origen «y, en algunos casos, tras sacarlos de los pisos por la noche y montarlos en un avión, se les ha dejado en ciudades alejadas de su lugar de origen, a veces en comisarías de policía, poniendo en riesgo incluso, su propia vida, ya que han sido objeto en ocasiones de maltratos».

Asimismo, se realizan bajas de tutela por pruebas de determinación de la edad, como las pruebas óseas, que esta asociaciones consideran «de dudosa fiabilidad», a todos los menores detectados, «sin tener en cuenta si vienen con la documentación que acredite su identidad y su minoría de edad». Según denuncian, se produce su expulsión del sistema de protección, y en algunos casos, la retención de sus pasaportes por parte de las autoridades competentes, con lo que «quedan en la calle, en ocasiones en peor situación incluso que los adultos, no pudiendo acudir a ningún otro recurso de acogida por ser menores de edad».

Abandonan las residencias por miedo a la expulsión

Ante esa situación, las asociaciones denunciantes apuntan que se están «vulnerando los derechos humanos de los menores extranjeros no acompañados e implican una situación de estrés, angustia y frustración que afecta el normal funcionamiento de su vida y de su integración social», por lo que, según la experiencia que relatan, «lleva a muchos niños y jóvenes al abandono de los recursos residenciales por miedo a ser expulsados», un fenómeno que según denuncian, está aumentado «considerablemente» el número de niños y jóvenes en la calle y la ruptura de los procesos formativos y de integración sociolaboral en ocasiones muy consolidados».

Por ello, «las medidas adoptadas terminan generando más problemas que soluciones», por lo que estos profesionales expresan su «enorme preocupación» ya que «se prioriza el control migratorio de los niños y jóvenes extranjeros sobre su condición de menor, sujeto de protección según los tratados internacionales de obligado cumplimiento ratificados por España».

Ante esta situación, exigen en el manifiesto a la Delegación de Gobierno y a la Comunidad de Madrid que se otorgue a los menores en protección la autorización de residencia a los nueve meses desde la resolución de la tutela, como plazo límite marcado por la ley, y se les facilite en todo momento el acceso a su pasaporte, y que a los que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia y hayan participado en las acciones formativas y de integración social, la Comunidad de Madrid recomiende la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.

Asimismo, reclaman que se garantice a los menores extranjeros no acompañados la libre designación de abogado en todos los procedimientos judiciales y administrativos, y que «en ningún caso se anteponga el control de los flujos migratorios al derecho fundamental de los menores a la vida, al pleno desarrollo y a los derechos de protección y que para ello se cumplan escrupulosamente todos los requisitos exigidos por la Ley para el reagrupamiento familiar, siguiendo el principio del interés superior del menor».

Y que, «mientras no se den estas garantías, se paralicen de forma inmediata todas las expulsiones de menores y que las ya ejecutadas desde el 1 de julio de 2005 sean revisadas por el Defensor del Pueblo u otra institución independiente para comprobar que efectivamente se han respetado todas garantías del Estado de Derecho».