Las ONG españolas denuncian ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el gobierno español
Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.
Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones, entre las cuales se encuentra
En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años. Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados. Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”.
Por su parte, Ignacio Sáiz, Director del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.
Preocupaciones de las ONG
Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección.
Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.
Las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en caso de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas. Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda.
