Las organizaciones temen que la ley de la deuda externa sea injusta
La cancelación del 100 por cien de la deuda externa bilateral de todos los países que lo necesitan para financiar el logro de los Objetivos del Milenio; y la eliminación de la condicionalidad son algunos de los principios que las diferentes organizaciones quieren que se vean reflejados en la nueva ley que regule el tratamiento de la deuda externa.
Este miércoles 15 de marzo, comienza en el Congreso de los Diputados la ponencia parlamentaria que trabajará sobre una Proposición de Ley reguladora del tratamiento de la Deuda Externa. La Alianza Española contra la Pobreza, a través de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) ha hecho público un comunicado en el que considera que la discusión de la Ley constituye una importante oportunidad para lograr una solución efectiva a la injusticia de la deuda externa que sufren los países empobrecidos.
A nivel internacional, por cada dólar que los países en desarrollo reciben de ayuda, destinan más de cinco al pago de la deuda externa.
La Alianza, que reúne a más de mil colectivos sociales, considera crucial este momento de trámite y negociación parlamentaria para avanzar en el problema de la deuda. Asimismo, manifiesta su preocupación por las orientaciones de algunas de las enmiendas presentadas a la propuesta de Ley que contradicen claramente la lucha contra la pobreza. Es por ello que la Alianza, revindica que la orientación de Ley de Deuda recoja algunos principios como la Responsabilidad compartida entre acreedores y deudores como punto de partida para entender el tratamiento de la deuda externa; la eliminación de la condicionalidad en el tratamiento de la deuda a la aplicación de determinadas medidas de políticas económica. La única condicionalidad admisible en el tratamiento de la deuda es destinar los recursos liberados a la reducción de la pobreza y las desigualdades; la política de gestión de la deuda externa debe ser participativa, transparente y planificada; participación de la ciudadanía en la política de gestión de la deuda externa, tanto del Estado español como de los países endeudados; cancelación del 100% de la deuda externa bilateral de todos los países que lo necesitan para financiar el logro de los Objetivos del Milenio; impulsar el establecimiento de evaluaciones y auditorías sobre los instrumentos generadores de deuda; revisión y/o eliminación los mecanismos de generación de deuda (FAD, CESCE) desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales.
La Alianza ha trasladado sus demandas al Gobierno y a los partidos políticos y espera que sus reivindicaciones sean recogidas en el texto de la Ley. Este miércoles algunas organizaciones miembro de la Alianza se concentrarán ante el Congreso de los Diputados para denunciar en un acto simbólico que de no ser incluidas las demandas expuestas esta Ley no permitirá acabar con la injusticia de la deuda externa.
