Las víctimas de violencia de género no se sienten protegidas con la ley

EP/Madrid
Un año después de la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas de Protección Integral ante la Violencia de Género, Amnistía Internacional ha detectado al menos 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos, entre los que se encuentran la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas, la ausencia de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia, y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la Ley.

«Yo me arrepiento de denunciar, porque mi familia no se hubiera enterado y yo estaría en la misma situación que estoy: sin ayuda, sola, trabajando como una mula para salir adelante mis hijos y yo», señaló una mujer víctima de malos tratos en una entrevistada con AI. Según el informe, titulado ‘España: Más derechos, los mismos obstáculos’, Amnistía Internacional a través del testimonio de mujeres víctimas de violencia de género, de profesionales y de representantes de organizaciones que trabajan con estas mujeres de ocho comunidades autónomas, analiza los cambios en la respuesta del Estado a la violencia de género desde la entrada en vigor de la ley, en un año en el que se recogen las peores cifras de mujeres asesinadas desde 1999: a 31 de mayo de 2006, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.

No obstante, Amnistía Internacional valoró positivamente la Ley Integral como un paso importante para la mejora de la protección de los derechos de las mujeres ante la violencia de género, que ha impulsado a las comunidades autónomas a establecer legislación al respecto y ha puesto en marcha instituciones como la Delegación Especial del Gobierno sobre Violencia contra las Mujeres, los Juzgados especializados y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.

Pero un año después, la organización mostró su preocupación por la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el desarrollo de las medidas de la Ley Integral. «Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la Comunidad Autónoma en la que vivan, y hay colectivos de mujeres que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia», manifestó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Más denuncias

Cada año son más las mujeres que denuncian: en 2005 fueron 73.109, de las que 47.616 obtuvieron ‘orden de protección’. Sin embargo, en el 22,7 por ciento de los casos esta orden fue denegada, en ocasiones sin fundamentar la razón y existiendo además una diferencia notable en el porcentaje de denegaciones entre unas comunidades y otras, desde el 11% de Navarra hasta el 32% de Asturias, según AI. «A Amnistía Internacional le preocupa que con la Ley Integral y su desarrollo, la ‘orden de protección’ se haya convertido en requisito para acceder a recursos básicos como las ayudas económicas, las ayudas a la vivienda, o incluso, dependiendo de los territorios, la ayuda psicológica, contraviniendo las recomendaciones del Consejo de Europa», señaló Beltrán.

En cuanto a la situación de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular, la organización advirtió de que algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la instrucción 14/2005 sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, «han agravado la situación de este colectivo frente a la violencia». Así, cuando estas mujeres denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor, denunció la organización.

Sanidad

En materia sanitaria, la violencia contra las mujeres «no parece ser un problema prioritario», ya que no está incluida en los indicadores de salud de la población ni en el actual borrador de Estrategia de Salud Mental, llamó la atención AI. «Sectores clave, como los servicios de urgencia de hospitales, los de atención primaria, o los de salud mental siguen sin estar preparados para la detección precoz de la violencia», afirmó en un comunicado.

Asimismo, Amnistía Internacional constató que las medidas y recursos de asistencia a las víctimas «continúan siendo insuficientes, y desigualmente repartidos». Así, recordó que todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las comunidades autónomas y que las mujeres inmigrantes en situación irregular están excluidas de las ayudas previstas en la Ley Integral.

Respecto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, AI critica la sobrecarga de trabajo y la deficitaria formación para el personal de los órganos judiciales especializados. «Sigue habiendo provincias, como Álava, Valencia, Ciudad Real o Madrid que no cuentan con una unidad de valoración forense para valorar las lesiones en las víctimas», destacó la organización.

Finalmente, AI criticó que las víctimas de violencia de género sigan sin contar «con un cauce ágil para acceder a una reparación justa y adecuada».