Los indígenas exigen explicaciones por la venta de la Amazonia
Comunidades indígenas han cuestionado la última subasta de la Amazonia después de conocerse que los indígenas afectados podrían no haber sido consultados antes de que su tierra fuera vendida a empresas petroleras extranjeras la semana pasada.
Una carta abierta firmada por la organización indigenista AIDESEP y el Instituto para la Defensa Legal pide al Ministerio de Energía que aclare si realizó un proceso de consulta con los indígenas antes de adjudicar catorce nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas natural.
Perupetro, el organismo gubernamental responsable de la negociación de los contratos, tenía previsto originalmente organizar la subasta el mes de agosto del año pasado, pero la pospuso después del enfrentamiento violento de junio de 2009 que dejó más de treinta muertos. Dicho conflicto estalló tras las protestas territoriales indígenas.
La empresa más polémica de las que se beneficiarán de la subasta es la española Repsol YPF, que ha obtenido la concesión de cuatro de los veintinueve lotes disponibles. Repsol ha sido duramente criticada por organizaciones peruanas a internacionales por sus operaciones petroleras en el Lote 39, al norte de la Amazonia peruana, donde se sabe que viven al menos dos pueblos indígenas no contactados.
Los pueblos indígenas no contactados de Perú están cada vez más amenazados por el boom de la exploración, que ha abierto más del 70% de la Amazonia a las empresas de hidrocarburos.
La Corte Constitucional de Perú ordenó al Gobierno el mes pasado que mejorase su proceso de consulta con las comunidades indígenas, tras una queja formal de AIDESEP.
En áreas donde la consulta con los pueblos indígenas no es posible, como es el caso de las zonas habitadas por pueblos indígenas no contactados, Survival exige la inmediata suspensión de toda actividad de hidrocarburos.
El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Conceder a empresas como Repsol el derecho a trabajar en territorio de indígenas no contactados supone un riesgo muy real de exterminar a pueblos extremadamente vulnerables. En los casos en los que no se puede lograr el consentimiento previo, libre e informado de los indígenas, las empresas deben abstenerse de operar”.
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