Los policías españoles imponen su ley
EP/Madrid
Amnistía Internacional (AI) presentó en Madrid los datos recogidos en su informe anual 2007, en el que repasa la situación de los Derechos Humanos en 153 países del mundo durante el año pasado.
Respecto a España, esta ONG denuncia la existencia de maltrato policial, y el comportamiento respecto a la inmigración ilegal. En este sentido, la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la situación de los inmigrantes que de forma creciente llegan a territorio español, los cuales son objeto de «expulsión sin derecho realmente a una supervisión judicial» y «de malos tratos y detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, denunció que en 2006 un total de 86 mujeres murieron a consecuencia de la violencia en el ámbito familiar, 68 de ellas manos de sus parejas o ex parejas.
«La situación de los inmigrantes es grave desde hace al menos doce años, cuando Amnistía Internacional empezó a registrar estos casos», explicó en rueda de prensa el director de AI-España, Esteban Beltrán, con motivo de la presentación en Madrid del ‘Informe 2007. El estado de los Derechos Humanos en el mundo’.
Entre 1995 y 2002, Amnistía registró hasta 320 casos de malos tratos, detenciones ilegales y abusos en régimen de cautividad contra inmigrantes, y desde 2002 hasta el presente año, aunque «no hay un recuento global», sí se han podido constatar expulsiones «sin derecho realmente a una supervisión judicial», con las consiguientes restricciones de sus derechos como posibles solicitantes de asilo, así como «de malos tratos y detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad».
El informe de Amnistía destaca también que no se ha avanzado «nada» (en palabras de Beltrán) en las investigaciones sobre la muerte de 13 inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005. Aparte, «en julio de 2006 murieron en un incidente similar tres migrantes más» en Melilla, se lee en el documento.
«El número de migrantes y solicitantes de asilo llegados por mar a las Islas Canarias en 2006 se multiplicó casi por siete con respecto a 2005 y superó la cufra total de los cuatro años anteriores juntos», afirma AI. Según el informe, una delegación de Amnistía visitó Canarias en junio de 2996 para investigar presuntas violaciones de derechos de los solicitantes de asilo e inmigrantes llegados a las islas.
El informe recuerda también que España participó en una misión conjunta de vigilancia marítima llevada a cabo por varios países de la Unión Europa y coordinada por Frontex, organismo encargado de la gestión del control de las fronteras exteriores de la UE. El objetivo de la operación era interceptar en alta mar embarcaciones con emigrantes y devolverlos a su país de origen.
Esta operación, según el informe, «suscitó gran preocupación en relación con el respeto de derechos fundamentales, como el derecho de toda persona a solicitar asilo, a abandonar su país y a no ser devuelta a ningún país donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de Derechos Humanos».
Torturas y malos tratos
El Informe 2007 asegura también que «ha seguido habiendo informes de tortura y malos tratos infligidos, en muchos casos con impunidad, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley». Según un informe publicado por la organización SOS Racismo, citado en el documento, «en uno de cada tres casos denunciados de violencia racista, los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley».
El documento de AI recuerda también la muerte bajo custodia policial de Juan Martínez Galdeano en julio de 2005 en la localidad almeriense de Roquetas, un caso que, según Beltrán, «ilustra perfectamente» las dificultades para investigar casos de torturas y malos tratos en España, ya que, afirmó, la juez que se hizo cargo del caso ordenó que fuese investigado «por el mismo cuartel» en el que presuntamente se cometieron los hechos.
«Según la autopsia e informes médicos posteriores», afirma el informe, «la muerte de Juan Martínez Galdeano se debió a una combinación de los violentos golpes y las técnicas de inmovilización a que fue sometido por los agentes de Policía y una reacción adversa a la cocaína que había consumido».
En todo caso, Amnistía valora muy positivamente la ratificación por parte de España, en abril de 2006, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que había firmado en 2005. «A pesar de ello, mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato, como la detención en régimen de incomunicación», advierte el informe.
La organización elogia también la decisión del Tribunal Supremo, en julio de 2006, de anular la condena impuesta a Hamad Ahmed, quien en octubre de 2005 –a su regreso a España desde Guantánamo, donde había estado recluido desde 2002– había sido declarado culpable de pertenecer a una organización terrorista por la Audiencia Nacional y condenado a siete años de cárcel.
El Supremo «determinó que Guantánamo constituía un limbo jurídico, sin garantías ni control, por lo que toda prueba procedente de allí debía ser declarada completamente nula», se lee en el informe.
