Más de 500.000 empleadas domésticas sin contrato
EP/Madrid
En España existen, según la Encuesta de Población Activa, casi 900.000 personas que ocupan su jornada laboral realizando tareas domésticas en casa de otras personas, pero la gran mayoría de ellas, aproximadamente medio millón, no están dadas de alta en la seguridad social, se mueven en el mercado negro de trabajo. El 90% de estas personas tienen un mismo perfil: mujeres, inmigrantes y en situación irregular.
Esta es una de las cifras que ha denunciado la ONG Intermón Oxfam en la presentación del informe ‘Mujeres inmigrantes andinas’, que refleja la «triple discriminación» –por mujer, inmigrante y empleada doméstica– a la que están sometidas las trabajadoras de este sector pese a que son, por un lado, motor de desarrollo en sus países de origen y, por otro, «piedra angular» del crecimiento económico en los lugares de destino.
Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de la ONG, Gonzalo Fanjul; la coordinadora del Proyecto Abriendo Mundos, Mónica Corona y la trabajadora doméstica y activista Donatilda Gamorra, quienes reclaman una equiparación de derechos laborales para todas las empleadas del hogar respecto del resto de la población activa, así como una mayor protección para las que son de origen extranjero.
«Nosotras no estamos en el Régimen General, si nos quedamos embarazadas no tenemos derecho a una estabilidad laboral», ha explicado Gamorra, para incidir en que cuando se trata de migrantes, la mayoría sólo cuenta con un contrato verbal, pueden ser despedidas en cualquier momento sin derecho a cobrar el paro y tienen que afrontar todo tipo de exigencias, ya que se ven sometidas a una «esclavitud voluntaria» por tener que mandar dinero a sus países de origen.
En este sentido, el informe revela que, tras una década de «feminización» de las migraciones, un 56% de los bolivianos que residen en España son mujeres, igual que el 55% de los colombianos y el 52% de los peruanos. Además, son ellas quienes envian más dinero a sus países de origen, acumulando un 60% del total de transferencias y remesando en torno al 40% de su sueldo.
«Nosotras no nos quedamos en casa llorando la pobreza», ha señalado Gamorra, quien ha puesto el acento en la necesidad de crear una «mesa de trabajo» con apoyo de las instituciones públicas para elevar propuestas que mejoren la situación del sector, como profesionalizarlo impartiendo formación acreditada con «títulos de capacitaciones».
Fanjul ha destacado que estas mujeres han hecho posible la incorporación de 400.000 españolas al mercado laboral y sin embargo, se encuentran en una «indefensión absoluta» que se agrava con su condición de migrantes, ya que, conforme ha añadido Corona, acarrean además, la culpa por haber emigrado dejando atrás a sus familias.
