ONG mexicanas plantean que España asile a mujeres maltratadas

La violencia de género en México y el feminicidio de Ciudad Juárez han llevado a varias organizaciones mexicanas a plantear la posibilidad de que España conceda asilo político a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo extremo en el país azteca. Esta petición se ha producido coincidiendo con la gira solidaria que están realizando por aquel país representantes del Instituto de la Mujer y de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Mientras que Canadá ya ofrece el estatuto de refugiado por este motivo y Estados Unidos las incluye en el programa de protección de testigos, la directora del Insituto de la Mujer, Rosa Peris, ve “difícil” que en España se lleve a cabo esta vía para resolver los problemas de seguridad de las víctimas de México. Según Peris, este tipo de asilo se reserva a víctimas de violencia de género en países en los que no tienen legislación que proteja a la víctima ni tampoco voluntad para impulsarla. No es, en su opinión, el caso que se podría aplicar de forma generalizada a México. «Creo que la solución en estos casos es exigir a cada Estado que cumpla con su responsabilidad en la protección de las víctimas, aunque sí sería interesante que se haga una reflexión en la Comunidad Internacional», dijo

La propuesta de asilo fue hecha pública por la periodista y directora del Centro Integral de Atención a Mujeres Maltratadas de Cancún, Lydia Cacho, y la fundadora de la Red Nacional de Refugios de México, Alicia Leal, dos de las figuras mexicanas más representativas de la defensa de los derechos de las maltratadas. Además del apoyo de la mayor parte de las organizaciones mexicanas, esta propuesta de asilo cuenta con el respaldo parlamentario de la presidenta de la Comisión Especial del Congreso de México que estudia los «feminicidios» en todo el país, Marcela Lagarde.

Marcela Lagarde mantuvo una reunión con Rosa Peris, y con la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, y, aunque explicó que no se ha hecho una propuesta oficial a España, sería «importante» incluirlo en la agenda política del diálogo interparlamentario de ambos países.

«Suscribo esa propuesta. Sería formidable que las migrantes gozaran de esa protección», dijo la parlamentaria mexicana. Incluso, fue más allá al comentar que el estatuto de refugiado debería facilitarse no sólo en casos relacionados con crimen organizado y corrupción, sino también en otros casos de violencia doméstica y familiar.

En principio, la idea planteada por las ONG es permitir que mujeres víctimas de violencia de género cuyos maridos o ex maridos forman parte del crimen organizado en México, con vínculos muy fuertes con el poder, puedan salir del país y gozar de protección internacional por violencia de género, dado que en México es imposible garantizar su seguridad.

En cualquier caso, las organizaciones mexicanas buscan una vía alternativa a la institucional, que obliga a la víctima a agotar todos los niveles nacionales para poder solicitar asilo. El último escalón, el programa de protección de testigos de México, ya les ha costado algún susto, según explicó Cacho, dado el nivel de corrupción del país.

Por el momento, en 10 años la Red Nacional de Refugios ha sacado del país a 12 de estas mujeres y a sus hijos, pero son estados con idioma y cultura completamente diferentes y España sería un país donde la lengua podría facilitar la integración y recuperación de estas víctimas.

España concedió el año pasado por primera vez el Estatuto de Refugiado por violencia de género a una mujer de un país del Golfo Pérsico por considerar que sufría una situación de violencia de género estructural, ya que las leyes del Estado no la protegían de la situación de riesgo a la que estaba sometida. El Gobierno prepara además una reforma de la Ley de Asilo que contemplará explícitamente la violencia por razón de género, aunque con la legislación actual ya puede concederlo.

Mientras tanto,los artistas españoles continuarán su gira por México hasta el día 26 de enero exigiendo a los diferentes candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio que incorporen en sus programas electorales el compromiso de elaborar una Ley Integral contra la Violencia de Género.