Los presos permanecen invisibles ante la Sanidad española
El estudio presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) demuestra que los internos de las cárceles españolas presentan «una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad y a la que el acceso es más que precario». Por lo tanto se afirma la violación de los derechos fundamentales, es decir, de la integridad física y la protección de la salud, de los internos. Derechos que supuestamente no pueden verse afectados aunque la persona cumpla condena, pero que en la realidad se quebrantan.
Ante la insostenible situación tres organizaciones no afines en ideología se han dirigido al Defensor del Pueblo para pedir una sanidad de calidad en las cáceles españolas. Estas asociaciones responden al nombre de la Organización Médica Colegial (OMC), que agrupa a todos los colegios médicos de España, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Las mismas que han entregado al Adjunto Primero de Soledad Becerril un informe argumentario con infinitas críticas al sistema de atención sanitaria de los internos de España. La precariedad según han manifestado se debe a “la dependencia de los médicos al Ministerio del Interior, por lo que es difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico”.
El informe hace hincapié en la falta de tratamientos para enfermedades como la Hepatitis C o las pésimas condiciones de los internos que sufren una enfermedad mental, un colectivo que no debería estar en prisión y que representa al 8% de los internos. Ante este último problema los internos van a la consulta de un psicólogo una vez al mes y estamos hablando de problemas que requieren atención continua.
La patronal de los colegios médicos, la sociedad sanitaria de prisiones y la ONG defienden que estas personas deberían tener los mismos derechos reconocidos que las personas en libertad. Añadiendo que la Administración debe garantizar la salud según la legislación española y el Estado no lo garantiza.
En la reunión con el Defensor del Pueblo, las tres organizaciones han destacado que se ha incumplido la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desde el año 2003. Además estas leyes establecían las competencias sanitarias de las prisiones a transferir a las comunidades autónomas en el año 2004 y desde entonces solo ha ocurrido con el País Vasco.
Los médicos de prisiones no dependen del Ministerio de Sanidad, ni de las consejerías de las comunidades autónomas, sino del Ministerio de Interior por lo que es muy difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico, según han manifestado los tres colectivos. También han recordado que el Tribunal Supremo ilegalizó imposición a los médicos de prisión de dispensar fármacos distintos a los del exterior.
La OMC, la SESP y la APDHA seguirán defendiendo los derechos de los internos y harán todo lo posible para garantizar el acceso a la sanidad a pesar de que las Intuiciones Penitenciarias defiendan que está totalmente garantizada. Si fuera realmente así, nadie estaría luchando por la sanidad de los presos españoles.
