Revisión de la política exterior española
“Voces contra el olvido”, informe de Amnistía Internacional, donde se analiza la respuesta de la política exterior española en la IX Legislatura respecto a los desafíos de derechos humanos en el mundo a través de su actuación bilateral y multilateral. La definición, en resumen, en relación a que se ha hecho de esta etapa política en el ámbito de los derechos humanos es que estos siguen sin considerarse de interés nacional y que por lo tanto, es necesaria la firma de un nuevo Plan de Derechos Humanos en la próxima Legislatura que ponga este tema en el lugar primordial que le corresponde.
Según la ONG, esto se ve especialmente en las relaciones bilaterales de España con China, Federación Rusa, Estados Unidos, Colombia, Marruecos y Sáhara Occidental o Guinea Ecuatorial, donde el Gobierno español ha tenido una tímida actuación, guardado silencio o incluso mirado hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos con el objetivo de salvaguardar otros intereses.
Pero no todo es negativo ya que por el contrario, en la acción del Gobierno en los foros multilaterales ha habido avances en los que no se puede retroceder. Destaca el liderazgo mostrado en la creación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, la ratificación de importantes tratados internacionales, la contribución al sistema multilateral de Naciones Unidas, la defensa del derecho al agua y al saneamiento como derechos humanos, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el impulso de iniciativas para combatir la violencia de género y la discriminación de minorías sexuales en el marco de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.
Además, España dio un gran paso en 2008 con la aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, situándose entre los 29 países del mundo que tienen un plan de esta naturaleza. Sin embargo, medidas como ésta siguen siendo aisladas y no han dado lugar a una política integral y transversal que sitúe los derechos humanos en la primera línea de la política exterior española.
España también ha apoyado las negociaciones para la futura aprobación en 2012 de un Tratado Internacional que regule el comercio de armas, y en 2007 aprobó una ley interna para regular las exportaciones de armas españolas, lo que suponen dos buenas noticias. Sin embargo, en los últimos años ha vendido armas a destinos preocupantes como Arabia Saudí, Pakistán, Barhein, Siria, Líbano, Israel, Irán, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sudán, Ghana o Colombia. Todos ellos son países donde existen claras evidencias de que las armas podrían emplearse para exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna, en situaciones de violación de los derechos humanos o para desviarse a países vecinos donde podrían ser utilizadas con tal fin.
Para la próxima Legislatura, la organización Amnistía Internacional propone a los partidos políticos con representación parlamentaria un decálogo de 10 medidas para una política exterior española comprometida con los derechos humanos a incluir en sus programas electorales para las elecciones generales de 2012.
1. Adoptar una política de Estado en materia de derechos humanos y hacer de estos derechos un interés nacional de su acción exterior priorizando el apoyo a las víctimas y a los activistas.
2. Fortalecer el sistema universal de derechos humanos.
3. Continuar liderando iniciativas mundiales contra la pena de muerte.
4. Proteger los derechos humanos en la lucha contra la pobreza.
5. No vender armas a países donde puedan utilizarse para violar los derechos humanos.
6. Que las empresas españolas asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos y rindan cuentas por ello.
7. Que haya rendición de cuentas y garantías de no repetición tras lo ocurrido en el contexto de la guerra contra el terror.
8. Recuperar el compromiso con la justicia internacional.
9. Reforzar la actuaciones y mecanismos de protección de los derechos humanos de la Unión Europea como parte de su política exterior para España.
10. Hacer de la defensa de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones bilaterales con terceros países.