Varias ong critican la falta de transparencia del Gobierno en el comercio de armas
EP/Madrid Un informe elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau revela que España es el sexto país exportador de armas. El informe versa sobre las estadísticas oficiales de transferencias de armas en 2008, en el que también critican que el Gobierno «sigue sin facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante como Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre otros».
Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron transferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra «ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica».
De este modo, España se sitúa por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido, con datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), que coloca al país como el sexto exportador mundial. Concretamente, en 2008, España autorizó transferencias de material de defensa, ‘otro material’ y armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones realizadas ese año.
Exportaciones que «pueden contribuir a cometer violaciones de DD.HH.
Así, las organizaciones recuerdan que «España exporta material de defensa a destinos en los que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo sostenible». Entre estos casos, las ONG destacan «las ventas que España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de ‘aeronaves’ a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31 millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de la categoría ‘bombas, torpedos, misiles y cohetes’ por valor de casi 4 millones de euros a Sri Lanka».
También es «preocupante» para los firmantes del estudio que el Gobierno, «aunque haya ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario».
Por otro lado, señalan que el Gobierno «debe controlar escrupulosamente el destino y uso final de este material que se vende a África Subsahariana, principalmente a Ghana, país al que España vendió 2,8 millones de euros de munición de caza» y al que le ha vendido «15 millones de euros de armas y munición de caza desde 2004». «Hay que garantizar que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post-conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente, una preocupación que se hace más grave después de que el Gobierno haya reconocido que parte de esta munición se reexporta a Nigeria», señalan las organizaciones.
